JUECES Y POLÍTICOS

Montesquieu (1689 – 1755) en su obra El espíritu de las Leyes propugna la división de poderes dentro de una sociedad democrática. Pero no sólo eso sino que manifiesta que la Ley es lo más importante de un Estado.

La división de poderes es un elemento clave para que las sociedades democráticas puedan funcionar en libertad. El cumplimiento de la ley y su igualdad para todos es condición “sine qua non” para que un estado pueda considerarse democrático.

El poder legislativo y el ejecutivo son de naturaleza netamente política. El primero nace por elección de los ciudadanos y su misión es confeccionar nuevas leyes y en su caso adaptar las existentes a las circunstancias variables de las sociedades. El segundo surge del mismo proceso electoral y tiene como misiones principales conseguir el desarrollo de las naciones, alcanzar una más equitativa distribución de la riqueza y proveer las atenciones sociales necesarias para los individuos.

El tercer poder es el judicial. Su misión consiste en aplicar la ley desde un principio de imparcialidad y equidad y sin la influencia de los otros poderes. Su fin es la impartición de justicia que tiene que ser igual para todos los ciudadanos. Incluidos los que pertenecen a los poderes legislativo y ejecutivo: los personajes políticos. Que no deberían gozar de privilegios en este sentido. Aunque a veces tengan algunas prebendas: por ejemplo determinados aforamientos.

Viene esta digresión inicial a cuento de algunas reflexiones que expongo a continuación sobre determinados aspectos que se han producido en el extravagante proceso de declaración unilateral de independencia acontecido en Cataluña en estos últimos tiempos.

El poder judicial ha tenido como protagonista a una jueza: Carmen Lamela. Una profesional de la judicatura, independiente y sin adscripción a ninguna asociación judicial. Ha demostrado una valentía e imparcialidad  dignas de admiración y respeto.

Sus autos son irreprochables en sus contenidos y fundamentos aunque puedan no ser del gusto de algunos políticos o de quienes les siguen el juego a estos. Los cuáles pretenden hacernos creer que lo ocurrido en Cataluña ha sido un juego de niños que ha de ser castigado con benevolencia, para que los secesionistas puedan continuar impunemente con sus manejos.

Un juez tiene que aplicar la ley y hacerlo con templanza y prudencia pero también con firmeza y fortaleza en defensa del interés general de los españoles y no de los espurios intereses que algunos partidos políticos de uno y otro signo puedan tener en el proceso electoral catalán del 21 D.

Su primera actuación fue adoptar la medida cautelar de encarcelar a los “Jordis”, los líderes de ANC y Omnium Cultural dos asociaciones independentistas, financiadas por la Generalitat, que han llamado a la rebelión a los catalanes y a la agresión a las fuerzas de orden público. Mucha gente se echó las manos a la cabeza con el encarcelamiento. Pero el tribunal de la Audiencia Nacional formado por cinco magistrados que resolvió el recurso presentado contra dicha prisión preventiva dio la razón (4 a 1) a la jueza Lamela por su decisión.

Atendiendo la petición del Fiscal también ha encarcelado como medida preventiva al vicepresidente y a los 7 consejeros que no se habían fugado con Puigdemont. Era lo correcto pues se dan las tres causas para hacerlo: riesgo de fuga evidente, posible destrucción de pruebas y posibilidad de continuar en la comisión del delito. Todas les cogen de lleno.  

Sólo le veo un punto de cierta debilidad: no haber dado algo más de tiempo para la comparecencia de los acusados como ha hecho el  Tribunal Supremo. Pero el riesgo de fuga ha prevalecido. Y la consideración de que al Govern hay que juzgarlo de un modo colectivo. Sus decisiones son colegiadas y así hay que considerarlas por mucho que sus abogados quieran individualizar el asunto.

Lo que me ha dejado de piedra es la impresentable nota que ha emitido la asociación Jueces para la Democracia arremetiendo contra las resoluciones de la magistrada Lamela. Es todo un ejemplo de insolidaridad y falta de compañerismo aparte de una injerencia intolerable con claros tintes políticos. Afortunadamente el resto de asociaciones de jueces permanecen en silencio. Es lo razonable.

Esperemos acontecimientos. De momento la magistrada Carmen Lamela ha visto refrendada su resolución por la Audiencia Nacional en el caso de los “Jordis”.  Con los mismos o parecidos argumentos tendrán que darle la razón en lo que atañe a los consejeros. Cuyo delito es todavía más grave al ser cargos públicos.

El Tribunal Supremo  ha comenzado con rebajas en el caso Forcadell y asumirá todas las causas contra los independentistas. Me temo que aquí puede haber pasteleo y componendas. La influencia de los políticos se dejará notar sin duda. Pero habrían de reflexionar seriamente sobre el hecho de que si los autores de este golpe contra el Estado en Cataluña se van de rositas lo seguirán intentando, y animarán a seguir ese camino a los que en otras partes de España esperan su turno.

Si en la judicatura existieran muchos jueces como la magistrada Carmen Lamela estoy seguro de que las cosas de la Justicia estarían mucho mejor en España.