LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ¿SON NECESARIAS?

Cuando se redactó y promulgó nuestra Constitución de 1978 que consagró en España el Estado de las Autonomías, se cometió en mi opinión un serio error. Fue el de mantener las diputaciones provinciales con carácter general y suprimirlas únicamente en las autonomías uniprovinciales no forales: Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia. En estas comunidades autónomas las funciones de las diputaciones fueron asumidas por la administración autonómica correspondiente. Sin que se produjese el más mínimo problema.

¿Por qué no se hizo igual con el resto de las comunidades autónomas que abarcan más de una provincia? Se argumentó con un razonamiento ciertamente endeble: al existir varias provincias en dichas autonomías podrían verse deterioradas las actuaciones de ayuda a la gestión económica – administrativa de los municipios menores de 20.000 habitantes. 

Como lo que se pretendía en nuestra Carta Magna era dar forma a un nuevo estado autonómico y descentralizado, las diputaciones provinciales sobraban porque llevan a cabo actuaciones que se superpondrían con las de la nueva administración autonómica, lo que daría lugar a un encarecimiento del modelo administrativo.

Habría sido suficiente con crear una Consejería de Administración Local en el organigrama autonómico para que asumiese las funciones de las diputaciones y al tiempo transferir los empleados de estos entes a la estructura de la administración autonómica en función del tipo de actividad que estuviesen realizando. Seguro que los problemas suscitados habrían sido de mucha menor envergadura que los que hubo que solventar con la transferencia de los funcionarios de la Administración del Estado a la Administración Autonómica.

Las diputaciones provinciales existen en España desde 1836 y han llevado a cabo una labor encomiable de ayuda a los municipios para resolver problemas que, por sus dimensiones, les superarían sobre todo a los más pequeños. Pero cuando surge la figura de la Comunidad Autónoma y existe además la posibilidad de que se creen Mancomunidades de varios ayuntamientos para la prestación de servicios básicos, la permanencia de las diputaciones provinciales no tiene ningún sentido ni administrativo ni económico. Un modelo con cuatro  administraciones en el territorio: ayuntamientos y mancomunidades, diputaciones, autonomía y estado resulta ser altamente oneroso.

Los defensores de su continuidad se encuentran en el ámbito político – los que más han elevado su protesta ante su posible desaparición han sido precisamente los actuales presidentes -  pues estas instituciones sirven de refugio a personajes públicos que o bien pertenecen a un partido que habiendo perdido las elecciones generales  encuentran allí acomodo o bien habiéndolas ganado les permite acceder a algunos sillones con bastante poder lo que siempre es del agrado de los políticos profesionales. En conclusión, suelen ser partidarios acérrimos de su continuidad aquellos que viven un año tras otro de la cosa pública, porque no tienen otro oficio, ni beneficio, que pueda proveerles de ingresos ni de lejos parecidos a los que perciben en esos puestos.

Por eso son contrarios a su desaparición, ya que no se paran a pensar los costes que su mantenimiento puede ocasionar al erario público. Gasto por otra parte innecesario pues sus competencias puede desarrollarlas a la perfección la administración autonómica que cuenta con mejores medios y tiene la posibilidad de lograr unos efectos sinérgicos mucho más importantes.

Pongo un ejemplo. La red viaria local de tercer orden en la que son competentes las diputaciones provinciales puede transferirse sin ningún menoscabo a la Comunidad Autónoma que la integrará en su red de carreteras sin el menor problema. Los funcionarios que prestan servicio en la diputación en esta materia, pasarán a la correspondiente consejería competente en carreteras, a la que podrán seguir aportando los conocimientos que tienen en este tipo de infraestructuras, manteniendo sus derechos en igualdad con el de los otros funcionarios que hacen trabajos similares.

Y así con el resto de las competencias ¿Dónde está pues el problema? Radica como siempre en los políticos que prefieren mantener sus poltronas y sus privilegios. No se olvide que una provincia de hasta 500.000 habitantes mantiene 25 diputados y de 500.000 habitantes hasta 1 millón, 27.

En el caso de Extremadura habría que seguir sosteniendo dos sedes presidenciales, dos presidentes y cincuenta diputados provinciales con la parafernalia de remuneraciones, edificios, vehículos e infraestructura que conllevan.

Se cometió un grave error en nuestra Carta Magna de 1978 y ahora sería conveniente rectificarlo. Ya veremos si se puede. Me temo que no será fácil.