DOÑANA: MEDIO AMBIENTE Y REGADÍOS

El Parque Nacional de Doñana es un ecosistema de alto valor ambiental que está pasando por malos momentos. Para preservar esos valores ambientales ha sido también declarado Reserva de la Biosfera en 1980 y Patrimonio de la Humanidad en 1994.

La causa principal del estado en que se encuentra Doñana es la falta de lluvias. Cuando no llueve lo suficiente, el acuífero no se recarga, los niveles piezométricos descienden y el sistema de lagunas superficiales interconectado con el acuífero: los llamados lucios, se seca.

Prueba de que la sequía es la causa principal de la situación del Parque, la encontramos en que también los embalses que retienen aguas superficiales en la cuenca del Guadalquivir están bajo mínimos. Y esto traerá graves consecuencias para los usos del agua y especialmente para los regadíos que se verán abocados a no regar o experimentarán sensibles reducciones en las superficies regadas. Es posible también que haya problemas locales en el abastecimiento urbano.

En el año 2014 se llevó a cabo un plan de reestructuración del regadío en la corona de Doñana, dejando pendiente una superficie en la parte norte, en el condado de Huelva, de la realización de un trasvase de 20 Hm3 de aguas superficiales desde el sistema TOP (Tinto – Odiel – Piedras) para descargar el acuífero y reducir su sobreexplotación. De estas obras competencia del gobierno central no se ha ejecutado ninguna. Y ya han pasado 9 años.

Expertos andaluces que conozco, consideran que Doñana mejoraría su situación si estas obras de abastecimiento de agua superficial se llevan a efecto, propugnando al tiempo que los regadíos sean sostenibles. Lo cual es lógico y acertado.

Por otra parte. Las obras de ejecución de la presa de Alcolea (246 Hm3) sobre el río Odiel que es fundamental para asegurar agua a todo el sistema hidráulico de Huelva, se encuentran paradas desde 2017, habiéndose ejecutado aproximadamente el 20 % y no existiendo fecha previsible para su reanudación. Tampoco se han llevado a cabo otras obras de interconexión del sistema Andévalo – Chanza – Piedras - Alcolea y de conducción y distribución de agua que reducirían la presión sobre el acuífero de Doñana.

El ecologista ministerio de Transición Ecológica, poco amigo de presas, hasta propone la barbaridad de eliminar algunas como la de Valdecaballeros, y menos de los regadíos, no ha movido un dedo para resolver el problema de unos cientos o miles de familias, que tienen su “modus vivendi” en el regadío, pendiente de que se les suministre agua superficial. Parece que optan porque estás familias abandonen su actividad, tengan que emigrar y se despueble la zona como ya ocurre en otras partes de España.

Y no han perseguido los riegos ilegales, que esos sí que hacen daño al acuífero y a los regantes legales del sistema Almonte – Marismas, que sólo riega la cuarta parte de lo que se previó inicialmente para no afectar al acuífero de Doñana. Aunque este tema de los pozos ilegales no es exclusivo de Doñana. En la Mancha, las Tablas de Daimiel están prácticamente secas. La administración hidráulica lleva mucho tiempo mirando para otro lado en esta cuestión. Y sé de lo que hablo.

La controversia sobre Doñana se ha llevado a Bruselas en donde el comisario de Medio Ambiente, un lituano al parecer de Los Verdes, en principio se pone en contra de la administración andaluza, aunque dice que estudiará sus planteamientos. Pero el lobby ecologista pesa mucho en Bruselas y Moreno Bonilla, que trata de defender los intereses de los regantes del condado de Huelva, lo va a tener difícil. El Ministerio de Transición Ecológica no apoya, ni hace nada de lo prometido: la ejecución de las obras de abastecimiento de agua superficial desde el sistema TOP que son de su competencia y que resolverían el problema de los riegos y salvarían Doñana. Ni tampoco propone soluciones alternativas que resuelvan el problema.

Y es que el lobby ecologista español, sucursal del de Bruselas, se ha empeñado en que desaparezcan 1 millón de hectáreas de regadío en España. De un plumazo. Unas lumbreras.

Pero el problema de base es la ausencia de lluvias. La falta de precipitación es la clave de esta cuestión. Si no llueve sufrirán los abastecimientos urbanos, los regadíos, los usos industriales y recreativos y también sufrirá Doñana que seguirá en un estado lamentable por la falta de lluvias.

Así que, como el hombre, de momento, no tiene control sobre las precipitaciones que regula la naturaleza, no nos queda más remedio que esperar que llueva y los que seamos creyentes hemos de acudir a la procesión, a ver si desde arriba nos echan una mano.

Y entretanto hemos de utilizar el agua de abastecimiento de un modo racional evitando despilfarros y fugas en las redes, seguir con la modernización y digitalización de los regadíos para usar el agua del modo más eficiente, y planificar y gestionar el agua de la que dispongamos de modo adecuado. Un nuevo Plan Hidrológico Nacional se revela como imprescindible.

Todo menos mantener luchas políticas electoralistas que no conducirán a nada bueno.

Aunque de estos políticos tan mediocres que padecemos, me temo lo peor.

 

AGUA, TESTOSTERONA E IDEOLOGÍA MINISTERIAL

La controvertida ministra de Transición Ecológica, ha efectuado unas extensas declaraciones al periódico La Verdad, en las que ha tratado sobre el agua. Se ha referido a los caudales ecológicos en el río Tajo fijados en el plan hidrológico de la demarcación (2022 – 2027) recientemente aprobado. También ha tratado del futuro del trasvase Tajo – Segura, de la situación existente en el Mar Menor y de los problemas en la bahía de Portman.

Voy a centrar este artículo en comentar sus manifestaciones sobre los caudales ecológicos en general, y sobre los fijados en el eje del Tajo en particular, que pueden condicionar el futuro del trasvase Tajo – Segura.

La señora ministra afirma en la entrevista, que en los temas del agua hay algo de testosterona y poca lucidez. No parece apreciar que en los actos que lleva a cabo su ministerio, se observe una gran carga de ideología ecologista. Y tampoco considera que hay cierta falta de prudencia en la toma de algunas de las decisiones que adopta su departamento, que se lleva a cabo sin estudios contrastados que valoren adecuadamente las consecuencias técnicas, jurídicas, económicas y sociales de las mismas.

Los caudales ecológicos fijados en el nuevo plan para el eje del Tajo son el paradigma de lo que no debe hacerse, hasta que no se disponga de estudios homologados que sirvan para determinar lo más exactamente posible los valores de esos caudales, a los cuáles en la normativa española se les otorga, de modo sorprendente, la condición prioritaria de ser una restricción previa a los sistemas de explotación.

Un ejemplo del incremento desmesurado de los caudales ecológicos acordados en el nuevo plan hidrológico, se da en el curso principal del río Tajo. En el plan hidrológico anterior (2016 – 2021) se fijaron unos caudales mínimos de 6 m3/s (189,2 Hm3/año) en Aranjuez y 10 m3/s (315,3 Hm3/año) en Toledo y Talavera de la Reina.

En el nuevo plan hidrológico (2022 – 2027), estos caudales ecológicos experimentan alzas desmesuradas. Se establece un período transitorio (siempre con valores de los caudales ecológicos nuevos superiores a los antiguos) y desde el 1 de enero de 2027, se fijan los definitivos que suponen fuertes aumentos sobre la situación actual.

Los valores nuevos a aplicar desde 2027 son 273 Hm3/año en Aranjuez, 544,1 Hm3/año en Toledo y 583,7 Hm3 / año en Talavera de la Reina.

Esto como resultado final de un rifirrafe entre técnicos del ministerio y de la Confederación en el que los primeros hicieron una modificación a la baja de los caudales ecológicos que había fijado el organismo de cuenca. La ministra asegura no haberse enterado de este lío. Pues debería estar más atenta.

Después de todo esto la señora ministra no tiene empacho en asegurar que los nuevos caudales ecológicos se han fijado de una manera creativa e innovadora. Ya me contarán.

La realidad es que este incremento de caudales ecológicos en el eje del Tajo puede poner en riesgo el mantenimiento de los volúmenes de agua que actualmente se envían al Segura. Este trasvase lleva 44 años funcionando y ha generado una agricultura e industria agroalimentaria en Levante muy importante, que debiera tratar de mantenerse, si se buscan soluciones beneficiosas para la cuenca del Tajo y para el Levante español.

Pasa olímpicamente la señora ministra en sus declaraciones, del estudio llevado a cabo en la cátedra de Hidráulica de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid por el catedrático Luis Garrote, que asegura que en el tramo de Aranjuez los caudales ecológicos mínimos de 6 m3/s fijados en el Plan Hidrológico anterior son suficientes para mantener el buen estado de las masas de agua. También advierte el profesor de las diferencias sustanciales que se dan entre los resultados de la aplicación de métodos hidrológicos o hidrobiológicos para su determinación. Esto explica que todavía no exista un método de cálculo de los caudales ecológicos que esté homologado y contrastado, y que aporte seguridad en sus resultados.

En la XX Jornada Técnica de FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes), Luis Garrote, presentó una comunicación de gran interés en la que se daba cuenta de la repercusión de mantener los caudales ecológicos, sobre la disponibilidad de agua para otros usos.

Veamos los casos de las cuencas del Tajo y Guadiana que son las que más afectan a Extremadura, desde donde escribo.

CUENCA	DISPONIBLE NATURAL %	DISPONIBLE REGULADO %	DISPONIBLE PERC. 5 % (%)	DISPONIBLE PERC. 10 % (%)	DISPONIBLE PERC. 15 % (%)
GUADIANA	1	46	43	41	40
TAJO	6	66	50	41	38

 

Como se deduce de la tabla anterior, mantener caudales ecológicos disminuye la disponibilidad para otros usos, siendo más acusada la disminución en la cuenca del Tajo que en la del Guadiana, y mayor cuanto más lo sea el percentil utilizado para determinar los caudales ecológicos mínimos mediante métodos hidrológicos.

La ministra debió dar cuenta en la entrevista de si conoce la causa por la que, en la cuenca del Guadiana, al comienzo del año hidrológico 22 - 23 (1 de octubre de 2022) el embalse de Alqueva próximo a la frontera española se encontraba al 70 %, mientras los embalses de la zona occidental del Guadiana (Extremadura) sólo tenían el 30 %. Tal vez los caudales ecológicos y el convenio de Albufeira, que debiera ser revisado, pudieran tener la explicación de esta notable diferencia.

También debió explicar si la disminución de agua embalsada en general en España, se debe solamente a la sequía o también a la aplicación durante un período de la misma de los caudales ecológicos sin reducción alguna.

Y por último explicar las razones por las que se va a demoler la presa de Valdecaballeros, con las perspectivas que trae el cambio climático según los expertos.

Así que yo creo que hay poca testosterona todavía por parte de los afectados, los cuales están aguantando carros y carretas y por el contrario hay mucha ideología ecologista en las actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica.

Y sobre todo hay poca agua. A ver, si llueve.

 

INQUIETUD EN EL REGADÍO ESPAÑOL

Hace unos días he tenido la oportunidad de asistir a las XXI Jornadas Técnicas organizadas por FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de Regantes) en Madrid.

He sacado una conclusión final, tras escuchar las diferentes intervenciones de los ponentes y las conversaciones mantenidas en los pasillos durante los descansos: el regadío español está inquieto y preocupado. No ve un futuro seguro. Y esto es muy grave para la estabilidad de un sector que es estratégico para España. Aunque  algunos políticos que dirigen los destinos de la nación, parecen ignorantes de la ineludible necesidad del regadío para nuestro país.

La importancia del regadío nace de la notable superficie de riego que existe en España, más de 3,8 Millones de ha, que ocupando un 15 % de la Superficie Agraria Útil, produce más del 60 % de la Producción Final de la Rama Agrícola. Gracias al regadío se generan rentas y empleo en el medio rural y se fija la población en el territorio impidiendo su vaciamiento demográfico. Las zonas rurales que mantienen o aumentan población, se encuentra en las áreas de España en las que hay regadíos.

Debido a las producciones agrarias del regadío mantenemos la soberanía alimentaria de España, ya que suministra en fresco o a través de los productos transformados en la industria agroalimentaria de la que es principal abastecedor, la mayor parte de los alimentos que necesitamos los españoles y los turistas que nos visitan. Y además se ha constituido en un importante sector exportador, que hace que nuestra balanza comercial sea positiva.

Expertos de la talla de Jaime Lamo de Espinosa aseguran que la agricultura española será de regadío o no será. A nivel mundial la FAO encomienda al regadío la tarea de eliminar el hambre en el mundo. Hoy, más de 800 millones de habitantes de la Tierra no disponen de alimentos suficientes.

¿Y a qué se debe la inquietud y preocupación existentes entre los regantes españoles? Pues a diversas causas que analizaremos, aunque sea a vuelapluma.

La primera es la desmesurada subida de los costes de los insumos agrarios necesarios para obtener las producciones en las explotaciones. Especialmente el de la electricidad, que inició un calvario para los regantes, con la desaparición en julio del año 2008 de las tarifas especiales de riego R0 y R1, lo que dio lugar a una subida alarmante del coste energético en contra de lo prometido. Todavía no se ha conseguido reducir este coste, por la vía de poder contratar dos potencias al año (período de riego y no riego) y de reducir el IVA.

Todo el proceso de modernización del regadío llevado a cabo para mejorar la eficiencia del riego – ya somos junto a Israel, el país que utiliza el agua de modo más eficiente - en la mayor parte de los casos conlleva un incremento del uso de la energía. La subida de los costes energéticos se ha sumado al de las inversiones que hay que asumir en la modernización del riego.

Pero también se han incrementado sensiblemente el precio de otros insumos: combustibles, fertilizantes, semillas y plantones, fitosanitarios y laborales, que están poniendo en un brete a la capacidad de pago de las explotaciones de riego.

Las presiones ambientalistas dimanantes de la normativa europea y, especialmente en relación con el riego, de las disposiciones de la Directiva Marco del Agua (DMA), en la que se basa la redacción de los planes hidrológicos, cuyo tercer período de planificación (2022 – 2027) ha sido recientemente aprobado, es un motivo de grave preocupación del sector del riego, ya que estos nuevos planes no aseguran con la garantía suficiente la disponibilidad de agua para nuestros regadíos.

El incremento notable de los caudales ecológicos - un concepto acuñado en España pues la DMA no dice nada sobre ellos - determinados sin estudios previos serios que valoren el método de cálculo, ni sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales, dado su carácter de restricción previa a los sistemas de explotación, hace que la garantía del riego se vea disminuida. Se estima en un 16 % la parte de la regulación que se llevan los caudales ecológicos y que ha de restarse de las disponibilidades para otros usos, entre ellos el regadío.

Por cierto, como la mayor parte de los ríos españoles presenta en régimen natural en la época de estiaje unos caudales prácticamente nulos, los caudales ecológicos hay que suministrarlos desde los embalses de regulación que se construyeron para abastecimiento o regadío en su mayor parte.

Y en lugar de incrementar la capacidad de regulación, mediante la construcción de nuevos embalses, que además son necesarios dadas las previsiones de los expertos en cambio climático que aseguran que habrá más períodos de sequias, nos encontramos en uno de esos períodos secos lo que preocupa seriamente a los regantes de algunas cuencas, y más frecuencia de episodios de lluvias torrenciales, la política del Ministerio de Transición Ecológica, que cede alegremente a las presiones de lobbies ecologistas radicales, es la de no sólo no construir ninguno, sino desmantelar alguno de ellos. Como se ve una barbaridad que pagaremos muy cara si alguien no detiene este disparate.

Los representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que asistieron al evento, mostraron su apoyo al regadío, al que consideran la joya de la corona de la agricultura, pero no tienen las competencias sobre el agua y en este sentido por muy buena voluntad que ponen, están sometidos a la política ambiental y conservacionista a ultranza que se sigue desde el Ministerio de Transición Ecológica. La cual es contraria a los regadíos.

El regadío español espera una reacción de la administración y la toma de decisiones gubernamentales, que hagan que en el más breve plazo desaparezca la inquietud que padece el sector, de modo que los regantes puedan dedicarse a su oficio de siempre: producir alimentos para los españoles a precios asequibles en un regadío sostenible.

 

 

MALOS DATOS ECONÓMICOS

Por mucho que el gobierno de España y los medios de comunicación afines, pretendan vender a los españoles con machacona insistencia, lo bien que pinta la economía española, los datos reales son implacables y dan idea de la situación real de España en el contexto económico europeo. Una vez más la España real es muy diferente de la España oficial. El país de las maravillas que nos venden es una falacia y no se sostiene si se analizan datos oficiales que no estén cocinados.

La última publicación de Eurostat, en la que se analiza la evolución del PIB per cápita en la UE a 27, desde el año 2019 de la pandemia, al ejercicio 2022, nos devuelve a la cruda realidad y es la de que España es la nación que más se ha empobrecido de todas las que componen la Unión Europea.

Entre 2019 y 2022 el PIB per cápita se ha incrementado una media del 5 % en el conjunto de países. En España ha disminuido un 2,3 % y somos los últimos de la fila. Estamos a 7,3 puntos de la media UE. La primera de la clase es Irlanda en donde el PIB per cápita ha aumentado un 30,1 %, seguida de Croacia en donde el incremento ha sido del 14,4 %.

En valores absolutos, tanto en el año 2019 como en 2022 el país primero del ranking es Luxemburgo, con valores de 83.590 y 83.940 € respectivamente y el último Bulgaria con 6.630 y 7.250 €. España ocupa estos años el puesto 13 de 27, que no se corresponde con su potencial económico. Los valores en el caso de España eran: en 2019, 25.180 € y en 2022 el valor del PIB per cápita español se había reducido a 24.590 €.

En 2019 la diferencia entre el PIB de España y la media europea era de 2.534 € menos, y en el año 2022 esta brecha se había incrementado hasta alcanzar los 4.563 € menos. En porcentaje, en 2019 el PIB per cápita español era el 90,86 % del medio europeo, y en el año 2022 habíamos descendido al 84,34 %.

Portugal, nuestra nación vecina, ha incrementado el PIB per cápita un 3,4 % en el período analizado y se va acercando paulatinamente al nuestro. En 2019 le sacábamos 6.510 € de diferencia. En el año 2022 esta diferencia se había reducido a 5.290 €.

Como se infiere de todos los datos expuestos la situación de España deja mucho que desear respecto del contexto europeo y la albórbola y alegría del gobierno respecto a nuestra situación económica no tiene ninguna base en qué fundarse.

Veamos ahora los datos relativos a la renta disponible de los hogares.

La renta disponible de los hogares, se define como la diferencia entre el ingreso familiar y los pagos por impuestos y cargos a la Seguridad Social. Esta renta disponible puede destinarse al consumo y/o al ahorro. Y marca el nivel de poder adquisitivo de una familia.

Recientemente la OCDE ha publicado los datos de evolución de la renta disponible en los diversos países integrados en ella. España es el país europeo en el que la renta disponible ha experimentado una evolución peor.

Durante el año 2022, España ha perdido un 8 % de su renta disponible, siendo el país de nuestro entorno con peores datos. El país europeo más cercano a nosotros en esta evolución negativa es Irlanda (-5,1 %) y por detrás están, Eslovenia (-3,5%), Portugal (-3,4 %), Finlandia (-3,3 %), Reino Unido (- 3 %), Bélgica (-2,4 %) e Italia (-1.3). Otros países de nuestro entorno cercano han experimentado aumentos en la renta disponible: Alemania (+0,2), Austria (+1,7 %), Noruega (+3,4 %) y en lugar destacado Polonia (+7,8 %). La media de los países de OCDE ha perdido -1,8 % de la renta disponible.

Si se analiza la evolución de la renta disponible en países europeos entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2022, comprobamos que España (- 7,4 %) es el país que más renta disponible ha perdido en Europa. Nos siguen Reino Unido (- 3,9 %) y Portugal (-3,8 %). En positivo destacan Grecia (+ 9%), Polonia (+7,6 %) y Noruega (+6,5 %) aunque también Eslovaquia, la República Checa, Eslovenia, Francia e Italia han aumentado su renta disponible.

Si se reduce la renta disponible y la inflación se encuentra en límites muy altos, la inflación subyacente (aquella que no computa la energía, ni los alimentos en fresco) está en el 7,5 % y la de la alimentación en el 15,4 %, cada vez es mayor el número de familias españolas que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes y, en consecuencia, el número de personas en riesgo de pobreza aumenta en España día tras día.

Una encuesta reciente de un organismo tan poco sospechoso de ser enemigo del gobierno como es el CIS de Tezanos, refleja que de los 18,7 millones de hogares que existen en España, el 17,8 % de ellos muestra dificultades para llegar a fin de mes. El 5,2 % ha tenido que endeudarse y el resto ha tenido que tirar de los ahorros para hacer frente a la situación.

En resumen, los españoles somos más pobres ya que tenemos menos renta disponible para gastar y además hemos perdido poder adquisitivo por la vía de la inflación. Por consiguiente, el ahorro va disminuyendo y en muchos casos los españoles han tenido que endeudarse para poder capear el temporal que se ha presentado.

Si a todo esto unimos que somos el país de la UE con mayor tasa de desempleo, casi el doble que la media europea, que se elevaría todavía más si se computaran los fijos discontinuos que no figuran como parados y cuyo número se estima entre 450.000 y 500.000, lo que haría que superáramos de largo los 3 millones de desempleados, la situación no es ni mucho menos, lo optimista que el gobierno nos quiere hacer ver.

 

 

 

TRIBULACIONES DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL

 El sector agrario español vive momentos muy difíciles. Aunque bastantes dirigentes de la política española parecen ignorarlo, el sector agrario se configura como un sector estratégico en la economía de nuestro país, siendo insustituible para asegurar la soberanía alimentaria de los españoles y de los millones de turistas que nos visitan.

Un alto número de explotaciones agrarias de diverso tipo y especialmente granjas de vacuno de leche, de producción de huevos o de carne de abasto, abandonan la actividad ya que la relación coste – beneficio está disminuyendo su capacidad de pago y no pueden seguir produciendo a pérdidas. Pero también el problema afecta a otro tipo de explotaciones que se mueven en el límite de la rentabilidad y tienen un futuro poco halagüeño si las circunstancias no cambian en un breve plazo.

Los motivos que dan lugar a esta situación son diversos y se concatenan para generar la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector.

La primera causa, y en mi opinión la más importante, es el desmesurado incremento del coste que han experimentado los insumos que las explotaciones agrarias necesitan para obtener sus productos.

El primer “meneo” se produjo en el año 2008 con la supresión de las tarifas eléctricas especiales de riego R0 y R1 que daban lugar a unos costes razonables para las explotaciones de regadío. Estas tarifas desaparecieron, bajo la promesa de que la liberación de tarifas en el sector eléctrico produciría una reducción en el importe de las mismas. Ocurrió todo lo contrario y el coste del término de potencia se elevó en un 1.000 % y el término de energía también se encareció. El resultado fue que el coste de la electricidad en los regadíos se duplicó.  

A partir de aquí, y tras un período de una cierta estabilización, desde comienzos del año 2021 y debido a circunstancias en la globalización y a la guerra de Ucrania de febrero de 2022, a la que se echa la culpa de todos los males sin tenerla, se han producido unas desmesuradas subidas de costes de los insumos, con gran alborozo de los especuladores.

Con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre octubre del año 2021 y el mismo mes del año 2022, los costes de los insumos agrarios han experimentado la siguiente variación: Piensos compuestos: + 32,46 %; Alimentos para el ganado: +33,03 %; Fertilizantes: + 54,01 %; Productos fitosanitarios: +20,21 %; Carburantes: +63,42 %; Semillas y Plantones: +3,12 %. Solamente la electricidad había disminuido un 11,49 % en este período, pero tras unas espectaculares subidas experimentadas con anterioridad. A todo esto, hay que sumar el incremento de los costes laborales por el alza en el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Los costes de producción también se han elevado en los procesos industriales, necesarios para obtener los productos transformados y esto produce subidas de los precios finales en la cadena alimentaria.

Otra razón que justifica la situación del sector agrario, es la deriva ambientalista por la que caminan la totalidad de las normas emanadas de la UE, como la Estrategia de la Granja a la Mesa, la nueva PAC o la Directiva Marco del Agua (DMA) sobre cuyas disposiciones se basan los planes hidrológicos.

En toda esta normativa comunitaria hay una presión ambiental excesiva sobre el sector agrario al que se obliga, en base a la concesión de unas subvenciones que año tras año van a la baja, como es el caso de la nueva PAC, a llevar a cabo una serie de prácticas ambientales, denominadas eco regímenes, que traen como consecuencia la reducción de producciones. Puede estimarse una posible baja en la producción en torno a un 15 % según diversos autores. Esta disminución de la oferta supone una tendencia a la elevación de precios para los consumidores. Que ya lo están pagando por la subida del coste de la cesta de la compra. Un 15,7 % en el año 2022.

También se establecen para el año 2030 limitaciones poco racionales, fruto de un ecologismo que parece responder a espurios intereses, en la utilización de fertilizantes o fitosanitarios, reducción en el tamaño de las granjas de producción intensiva y en una apuesta desorbitada por la agricultura y ganadería ecológicas, objetivos que tienden a la disminución de las producciones y al encarecimiento de los productos en origen y, por consiguiente, a través de la cadena agroalimentaria, en destino.

El panorama se completa con las limitaciones que los caudales ecológicos de nuevo cuño, al considerarse como restricciones previas a los sistemas de explotación, suponen para el resto de usos, de los cuales el principal afectado es el regadío.

Es razonable que se mejore la eficiencia del riego y en este sentido el regadío español ha respondido al reto, y llevado a cabo un profundo proceso de modernización, de modo que hoy día España es junto a Israel el país que, proporcionalmente, más riego de alta eficiencia tiene instalado.

Esta modernización se ha llevado a cabo, en base a presurizar los riegos y gastar más energía para poder ahorrar agua y usarla de un modo más eficiente. Pues bien, hecha la modernización se produce una desmesurada subida de los precios de la energía, y, en consecuencia, un incremento del coste de uno de los insumos más importantes de las explotaciones, lo que tiende a que los precios de los productos se incrementen en perjuicio del futuro consumidor en destino.

Algunos ideólogos del radicalismo ecologista apelan a la globalización como solución de todos los males del sector agrario y agroalimentario. No se dan cuenta de que en el momento que la alimentación española pase a depender de países terceros, no tendremos el control ni de la cantidad, ni de la calidad y trazabilidad, ni de los precios de los alimentos. Les invito a que reflexionen sobre el hecho de que los países más potentes mantienen sectores agrarios que les aseguran su soberanía alimentaria.  Ellos consideran al sector agroalimentario como estratégico. Aquí, vamos por el camino contrario.

 

DEMOLICIÓN DE LA PRESA DE VALDECABALLEROS: UN GRAVE ERROR

Hay organizaciones ecologistas que propugnan que los ríos funcionen en su estado natural, y por eso presionan para que se derriben estructuras de presas y embalses que hay construidas en ellos.

En España, estas infraestructuras son imprescindibles, dadas las características climáticas de la mayor parte de nuestro territorio, que presenta una distribución irregular de la lluvia en el espacio y en el tiempo. Esto obliga a tener que acumular agua en los períodos húmedos para utilizarla en los secos. Por esta causa a lo largo de la historia, en España se han construido más de 1.200 presas que son indispensables para poder atender los usos del agua en nuestro país.

 Gracias a estos embalses, la regulación natural que en España sería de un 9 % de la pluviometría anual, se eleva de media hasta un 44 %, lo que permite, mediante esta regulación artificial, atender los usos hídricos propios de un país moderno: abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales, usos hidroeléctricos y recreativos como la navegación o la pesca. Además, estos embalses mejoran las condiciones ambientales de las masas de agua, al poder suministrar agua regulada en períodos estivales en los que, en régimen natural, el caudal en muchos de nuestros ríos tiende a cero.

Si se dejaran los ríos sin la regulación artificial de la que disponemos, no podríamos atender los usos de una sociedad moderna y volveríamos a la época de las cavernas, época ideal para los ecologistas, siempre que las limitaciones afecten a otros.

Siempre proclive a la presión y a las teorías de los ecologistas, el Ministerio de Transición Ecológica a través de la Dirección General del Agua, ha dictado una resolución para demoler la presa de Valdecaballeros en la provincia de Badajoz, dando seis meses de plazo a los titulares de la concesión, las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola, para presentar el proyecto de demolición de esta infraestructura, puesto que la concesión otorgada en el año 1982 ha llegado a su fin.

La presa de Valdecaballeros se construyó con vistas a refrigerar dos grupos de una central nuclear, que nunca llegó a ponerse en marcha. Se ubica sobre el río Guadalupejo, un afluente del Guadiana e inicialmente tenía una capacidad de 70 Hm3. Ante la falta de uso para la central nuclear los ayuntamientos de Valdecaballeros y Castilblanco decidieron abastecerse desde este embalse dada la buena calidad del agua del río y la distancia a las poblaciones. Lo hacen desde una ataguía relacionada con la presa que mantiene una lámina de agua suficiente.

La resolución de demoler esta presa adoptada por la Dirección General del Agua, consideramos que es un grave error y más teniendo en cuenta las nuevas situaciones sobrevenidas relativas al cambio climático, que se caracterizará por períodos de sequía y lluvias torrenciales más frecuentes, y al establecimiento en los planes hidrológicos de caudales ecológicos, que además se consideran una restricción previa a los sistemas de explotación, es decir son prioritarios.

La demolición de esta infraestructura traería bastantes perjuicios y pocos beneficios al interés general, que no ha de confundirse con el interés de algunas organizaciones ecologistas.

La primera razón para mantener esta infraestructura es que habrá de modificarse el abastecimiento de agua a los núcleos de Valdecaballeros y Castilblanco, que se verán obligados a traer el agua de más lejos, cuando no haya agua en la ataguía que será lo más frecuente si se elimina la presa, desde la de García de Sola, siendo este tipo de agua de calidad inferior y más lejana. Por esta importante razón para los intereses de sus pueblos, los alcaldes se oponen a la puesta fuera de servicio de la presa.

La segunda cuestión es que se pierde capacidad de laminación de futuras avenidas aspecto siempre importante para evitar daños personales y materiales. Una función complementaria muy importante de las presas construidas en España es su capacidad para laminar avenidas y evitar o reducir los daños que puedan producirse. Sobre todo, teniendo en cuenta que los expertos en cambio climático prevén una mayor frecuencia de los períodos de lluvias torrenciales.

El tercer aspecto de importancia es que, con su demolición, se pierde capacidad de regulación y teniendo en cuenta que deben suministrarse los caudales ecológicos con carácter prioritario, también se disminuye la garantía para otros usos concesionales que puedan existir en el área, actuales o futuros.

Y por último se modificará el ecosistema actual existente al que se han adaptado diferentes especies de fauna y de biodiversidad vegetal, después de casi 40 años de funcionamiento del embalse.

Es razonable que la Junta de Extremadura haya presentado un recurso contra la demolición de esta infraestructura, cuya permanencia considera beneficiosa para la región. Ojalá prospere e impida que se lleve a cabo este dislate hidrológico.

El Ministerio de Transición Ecológica, ha de defender el interés general de España y no los intereses de grupos ecologistas por muy respetables que puedan ser, y por mucha capacidad de presión que puedan ejercer sobre la administración, de la que a su vez reciben sustanciosas subvenciones que les permiten actuar como lobbies muy potentes.

Si se trata de cumplir ciertas consignas de la Unión Europea, sobre eliminación de estructuras en los cursos de agua, creemos que este no es el camino, puesto que las circunstancias climatológicas de la mayor parte de España no son las que predominan en la Europa central y norte, en donde la regulación natural es muy alta. Y aquí necesitamos toda la regulación artificial posible. Y más teniendo en cuenta los nuevos efectos del cambio climático.

 

 

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES ENGAÑOSA

Los pensionistas han recibido un incremento en el importe bruto de sus pensiones del 8,5 % para el ejercicio 2023. Es lo que se ha incrementado el IPC general en España en el año 2022. En principio es una buena noticia para el bolsillo de los jubilados, que la han recibido con alegría, aunque como veremos cuando entremos en detalles, que la cosa no va a ser para tanto.

Llama poderosamente la atención el hecho de que mientras a los pensionistas les incrementan la pensión en un 8,5 %, la subida media de los salarios de los empleados públicos o privados está en el entorno del 3 %. Y, salvo reclamo electoralista que pensamos es de lo que se trata, no parece justa ni equitativa esta discriminación entre pasivos y activos que se va a dar en España este año. Lo que ocurre es que casi 10 millones de votantes pesan mucho en las decisiones.

Este importante incremento en las pensiones va a servir para acrecentar aún más la ya elevada deuda pública que tiene España y que mes a mes y año a año crece imparable. La pagaremos entre todos. Al tiempo.

Según datos del Ministerio de la Seguridad Social de diciembre de 2022, había en España 9.994.836 pensionistas, alrededor del 20 % de la población total, que perciben una pensión media de 1.094,27 € al mes (esta media incluye todo tipo de pensiones, contributivas o no) alcanzando la pensión media de jubilación la cantidad de 1.259,79 € mensuales. Las pensiones medias mensuales más altas se dan en el País Vasco 1.357,32 € con la media de jubilación en 1.543,82 € y en la Comunidad de Madrid con 1.272,04 € de pensión media y 1.460,37 € de pensión media de jubilación. Las más bajas corresponden a Extremadura con 906,51 € de pensión media y 1.049,37 € de pensión media de jubilación.

Para poder valorar bien la influencia real que la subida de las pensiones tiene en la economía de nuestra población retirada, es preciso analizar los componentes principales del gasto que han de afrontar aquellos que se han jubilado de la actividad laboral.

El componente de gasto de un jubilado medio, no es exactamente igual que el de un ciudadano medio que esté activo en España. La fracción de alimentación es bastante alta en el caso de los pensionistas, a lo que hay que añadir los gastos del hogar: agua, gas, electricidad, calefacción, gastos de comunidad y alquiler de vivienda en algunos casos y los relativos a la salud. Estos serían los gastos más importantes para ellos.  

Considerando una pensión media de jubilación en España, el incremento del 8,5 % para el año 2023, supondrá la cantidad de 107,08 € mensuales, lo que representa 3,57 € /día considerando meses de 30 días.

Pero veremos a continuación, que debido a la peculiaridad del tipo de gastos que tiene un jubilado español, este tan cacareado incremento de las pensiones, es en realidad bastante menos recuperador del poder adquisitivo de nuestros jubilados, de lo que pudiera parecer.

Si consideramos que un jubilado medio destina la cuarta parte de su pensión (25 %) en gastos de alimentación para llenar su despensa – los estudios estiman una horquilla entre el 33 % y el 21 % para este fin - y la inflación en la componente de los alimentos ha subido un 15,7 % en el año 2022, la inflación real a la que tienen que hacer frente el jubilado es del 10,3 %. Este valor resulta de aplicar a la cuarta parte de la pensión (25 %) un valor de la inflación del 15,7 % por alimentación y para el resto (75 %) mantener el valor medio general del 8,5 %. Por lo tanto, la subida de su pensión del 8,5 % no llega a cubrir la inflación real a la que tienen que hacer frente. El pensionista tiene un déficit del 1,8 % que no le cubre la subida de su pensión. Esto si sólo consideramos el componente alimentario.

Algo parecido podría decirse de sus gastos en energía: gas, electricidad o calefacción que han experimentado subidas muy superiores a ese 8,5 % y que forman parte destacada del tipo de gastos a los que el pensionista tiene que hacer frente.

El coste de la electricidad se ha incrementado en un 34 % a lo largo del año 2022. Si consideramos que aproximadamente el pago por electricidad representa para un jubilado el 10 % de su pensión, tendríamos, aplicando los criterios anteriormente descritos, que en realidad la inflación soportada por un jubilado sería del 12,85 % en lugar del 8.5 % que es el valor del incremento.

Así que el desfase considerando la inflación real de la alimentación y de la energía sería de un 4,35 %, que no queda cubierto por la subida. Eso, para la media española.

En Extremadura, la situación es aún peor porque la inflación alimentaria alcanzó el 19,3 % y si mantenemos la de la energía, la inflación real de los pensionistas extremeños sería del 13,75 % por lo que tienen una brecha real sin cubrir del 5,25 %.

Como puede deducirse de todo lo anterior, los jubilados pueden estar relativamente satisfechos si se comparan con el resto de la población, pero seguirán perdiendo poder adquisitivo. Así que la revalorización de las pensiones, es favorable si se considera que los pensionistas suelen ser un sector muy necesitado, pero que no es como para lanzar las campanas al vuelo, ni tirar cohetes.

Además, ya veremos cuál es el resultado final para muchos pensionistas, si retocan los tipos del IRPF. Ya he comprobado que lo han hecho y en lugar del 8,5 % de incremento muchas pensiones se quedarán en un 7 o 7,5 % de subida real. Aunque aquí influirán distintas situaciones personales respecto de dicho impuesto.

Así que, esto es lo que hay. Es evidente que podría haber sido peor.