LECCIONES
A EXTRAER DE LA MARINA ISLA DE VALDECAÑAS
El
contenido del auto sobre la ejecución de sentencia relativa a Marina Isla de
Valdecañas, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX),
ha resultado ser el menos malo de los posibles al mantener en pie lo construido
y ha permitido, por medio de una actuación inteligente de los magistrados:
salvar los muebles a la sociedad promotora, mantener la actividad económica en
una zona muy deprimida, respetar la adquisición de buena fe realizada por parte
de los propietarios y evitar unas cuantiosas indemnizaciones a abonar por la
Junta de Extremadura en el caso de que se hubiera dictado una demolición total del
complejo.
De
este auto y de todo el proceso judicial habido en la génesis y actuaciones
posteriores de la Marina Isla de Valdecañas, sería muy conveniente extraer
algunas lecciones para evitar que en el futuro vuelvan a producirse despropósitos
como el vivido, cuyos trámites judiciales han durado 14 años.
La
primera consecuencia y de la que debería tomar buena nota el ejecutivo
autonómico es que no se pueden declarar zonas protegidas a troche y moche, sin
que existan unos rigurosos estudios justificativos, llevados a cabo por equipos
de expertos multidisciplinares e independientes (por ejemplo, docentes e
investigadores de la Universidad de Extremadura y otros especialistas
destacados) y no por asociaciones o funcionarios de convicciones ecologistas y
conservacionistas. En dichos estudios han de quedar descritos minuciosamente y
acreditados de modo indubitable los valores ambientales a proteger,
estableciendo la figura de protección más adecuada a cada caso.
Es
obvio que en Extremadura hay zonas con valores ambientales suficientes para que
sean objeto de protección. Hay variados ejemplos empezando por el Parque
Nacional de Monfragüe.
No
debemos perder de vista que, con datos de la Junta de Extremadura, nuestra
región acoge actualmente las siguientes superficies protegidas: ZEPAs =
1.089.232,9 ha; Lugares de Interés Comunitario LICs= 828.949,17 ha; Espacios
Naturales Protegidos ENPs: 314.110,89 ha. Total: 2.232.292,96 ha. El 53,5 % del
territorio. ¿Les parece poco? Por arte de birlibirloque la Junta asegura que
sólo hay 1.276.288,09 ha de superficie protegida, el 30,6 % de la superficie
regional. Supongo que la diferencia
puede deberse a que hay zonas que tienen doble o triple figura de protección.
Hay
que tener en cuenta que cuando se protege un territorio y se integra en la red
Natura 2000, se desencadena una serie de cortapisas y prohibiciones ante
posibles proyectos a acometer que son un freno para el desarrollo de dicho
territorio y esto debería tenerse muy en cuenta antes de proteger una zona.
Porque una vez que se declara la protección ya no hay vuelta atrás, salvo que
se incoe un expediente de anulación de la protección con los inconvenientes y
tediosos trámites que ello conllevaría.
El caso de la ZEPA de Valdecañas es el
paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. Un territorio con más de 7.000
ha dentro de las cuáles estaba la península sobre la que se asienta la urbanización
Marina Isla de Valdecañas con una superficie de unas 153 ha (alrededor del 2 % de la ZEPA). Esta península no
tenía valores ambientales dignos de protección como se ha puesto de manifiesto
en diversos informes y, sin embargo, fue incluida dentro de la ZEPA. En
consecuencia, no podía construirse sobre ella lo que posteriormente un PIR
autonómico autorizó y que las sentencias de los tribunales españoles anularon.
Esta
vez la sensatez de los jueces ha impedido males mayores, como hubiera sido la
reversión del territorio a su estado inicial tal y como establecía la sentencia
definitiva del Tribunal Supremo. Incluso el auto de ejecución de la sentencia
ha ido en contra del informe emitido, a solicitud del TSJEX, por expertos de
Doñana, que valoraban en él que el derruir todo lo construido era menos malo
ambientalmente que mantener las actuaciones.
El
revertir la zona a su estado inicial tal y como establecían las sentencias de
los tribunales es físicamente imposible; hecha la demolición total, el
territorio volvería a ser otra cosa, pero no lo que era antes de ejecutarse las
obras. Nunca, una vez demolidas las construcciones y rectificados los
movimientos de tierra ejecutados se podría haber conseguido alcanzar el estado primitivo
del área. Y ese imposible real supongo que habrá influido notablemente en el
ánimo de los magistrados que han dictado el auto para la ejecución de la
sentencia.
Visto
todo lo ocurrido con Marina Isla de Valdecañas parece que ha llegado la hora de
que la Junta de Extremadura, en base a los estudios de un equipo
multidisciplinar experto e independiente, lleve a cabo un Plan de Ordenación
del Territorio extremeño. Habrán de definirse en él las áreas a que ha de
destinarse cada zona del mismo: zonas protegidas, urbanas y urbanizables, forestales, agrícolas
de secano y dehesa, agrícolas de regadío, suelo industrial, llevando a cabo una
revisión profunda de todo el territorio protegido hasta la fecha, desafectando
de la declaración de protección todas aquellas áreas que no reúnan valores
ambientales dignos de ser protegidos y supongan un corsé para el desarrollo
regional.
Sería
la lección más importante a extraer de un episodio tan complejo como ha sido el
de la Marina Isla de Valdecañas. Tengo serias dudas de que se vaya a hacer nada
al respecto. Pero les otorgaré el beneficio de la duda. A ver si hay suerte.
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